Opinión Oralidad en la Reforma Procesal Laboral

Según el diccionario de la Real Academia Española, la oralidad significa: “Expresado con la boca o la palabra”. Es decir, implica transmitir por medio de la voz humana, a través de la palabra.

Los sistemas jurisdiccionales pueden ser: a) orales, b) escritos y c) mixtos. En nuestro país, hemos apostado por un sistema mixto, ya que, como veremos, el procedimiento laboral tiene actos procesales escritos y verbales.

Uno de los fines en los que se ha sustentado la denominada Reforma Procesal Laboral es el fortalecimiento de la oralidad. Con ello, se pretende incorporarla con más fuerza y así procurar agilizar los trámites y permitir la aplicación de los principios de concentración e inmediación de la prueba.

Erróneamente, se ha querido creer que la Reforma Procesal Laboral incorpora la oralidad plena en el proceso. Se continúa con un sistema mixto como el que había funcionado hasta la entrada en vigencia de la reforma. Lamentablemente, se derogó el artículo 443 del Código de Trabajo de 1943, que indicaba que “El procedimiento en todos los juicios de competencia de los Tribunales de Trabajo es fundamentalmente verbal”.

Ciertos actos procesales, como la demanda, la contestación, la interposición de los recursos, por citar algunos ejemplos, se deben presentar por escrito. La oralidad queda limitada principalmente a la audiencia de juicio.

En teoría, la audiencia oral tendrá el efecto positivo de una mayor celeridad en los juicios disminuyendo su duración. Se afirma que la oralidad se adopta como una forma de substanciación de los procesos que se desarrollan en una sola audiencia como regla general y, según su complejidad, en dos audiencias.

Para nadie es un secreto que los señalamientos en las agendas de los despachos judiciales son un motivo importantísimo de atraso en la tramitación de los procesos. El haber dejado abierta la posibilidad de dos audiencias probablemente se constituirá en un motivo de mayor dilación. La norma le permite a cada persona juzgadora definir libremente la calificación de asunto complejo. Es muy posible que la dinámica judicial impregnada, normalmente de mucha presión por los plazos, induzca a que una buena parte de los procesos sea considerada como de alta complejidad.

Si ello llegara a ser de esa manera, la oralidad representada en la celebración de las audiencias probablemente se convertirá más bien en un motivo de mayor atraso en la tramitación y duración de los juicios laborales.

La Corte Plena, debe emitir y publicar unas Reglas Prácticas que establezcan los criterios objetivos sobre los cuales deberán calificarse los asuntos para definir su complejidad y que puedan justificar válidamente la celebración de las dos audiencias. Ello ayudaría a evitar que, por lo menos en este aspecto puntual, la oralidad no se convierta en una nueva causa de mayor duración de los procesos laborales.

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